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 Dígase lo que se diga un tránsfuga es un traidor a sus electores y a su partido”

“La deslealtad no cotiza ni está penada en el Código Civil”

Tránsfugas ilustres han sido la mamá de Pajín (Maite Iraola, Eduardo Zaplana, Rosa Aguilar y José Molina, actual portavoz del PSOE en las Cortes.

Antonio REGALADO

 LOS tránsfugas no tienen vacaciones. De ahí que el pleno del ayuntamiento de Santa  Ana de Pusa (Toledo) haya aprobado en este ferragosto inmisericorde  una moción de censura contra el alcalde socialista Víctor García Galán presentada por tres concejales del Partido Popular y un edil independiente, adscrito hasta ahora al PSOE. Juan Miguel Merino, que así se llama el interfecto pasará de primer teniente de alcalde a ser la máxima autoridad municipal hasta que los vecinos (esperemos) le boten en mayo de 2011. Santa Ana tiene un censo de 424 habitantes, una extensión de 19 kilómetros cuadrados y una altitud de 594 metros sobre el nivel del mar. Pertenece a la comarca de la Jara y fueron sus primeros fundadores Diego García de López y Blas Muñoz (1522) aunque era un lugar conocido por los romanos. Ninguna constatación de traidores a Roma.  En una de las arcadas laterales del puente sobre el Pusa aparece una grieta peligrosa. No menor que la indecencia del concejal Merino y sus tres compañeros de viaje.  Dígase lo que se diga, un trásfuga es un traidor. Un traidor a sus compañeros de lista y de  grupo. Normalmente, el trásfuga tiene motivos inconfesables, -entiéndase recalificaciones y ladrillos-  más que ideológicos. En este tiempo de crisis, el transfuguismo debería estar congelado.  Pero la carzana de concejal  sigue más viva que nunca.

   Desde la recuperación de la democracia, España ha sufrido numerosos casos de traición política. Los más recientes, el de Benidorm, con la mamá de Leire Pajín como tránsfuga ejemplar; allí, en 1991, -conviene recordarlo-, Eduardo Zaplana (PP)  accedió a la alcaldía (y luego se catapultó  a la Generalidad Valenciana y al Gobierno de España)  gracias a las mercedes de la representante socialista Maruja Sánchez. ¿Cómo olvidar al dúo Tamayo-Sáez que le birló la Comunidad de Madrid a Rafael Simancas? Y en nuestra retina perviven nombres de traidores políticos ilustres: Piñeiro (Madrid)  Gomáriz (Aragón), Barreiro (Galicia), Bermúdez (Ceuta) José Molina (Nueva Izquierda CLM) y actual portavoz  del PSOE en las Cortes. O el travestismo de Rosa Aguilar que cambió el coche oficial de la alcaldía de Córdoba (IU)  por el de la consejería de Obras Púbicas de la Junta. Intolerable. Recientemente, si la memora no nos falla, en Tres Juncos (Cuenca) dos tránsfugas del PP y uno del PSOE otorgaron la Alcaldía a los socialistas y en  Espinoso del Rey (Toledo) tres traidores del PSOE y uno del PP pactaron una moción de censura contra el alcalde también socialista.  El secretario provincial del PSOE, José Luis González ha anunciado que la Ejecutiva llevará el caso al Pacto Antitransfuguismo del Ministerio del Interior.  El PP toledano, ni pío. Lo estudiarán en diciembre y lo calificarán del “mayor exponente de transfuguismo político” sin que la ley les permita inhabilitarlos para repetir en las listas. Las sesiones terminan con el consabido “y tú más”. Y a volver a transgredir la voluntad de los electores.

    La deslealtad no cotiza ni está penada en el Código Civil. Bastaría con que se declarase nulo el voto del tránsfuga para este caso de la moción de censura y la inhabilitación para acceder a cargos y subvenciones públicas a todos los participantes  del cambio para que las mociones se pararan.  ¿Y qué hacer cuando el alcalde o el gobierno municipal, regional o nacional son malos  gestores o conculcan la Constitución?  Tasar las causas, delimitarlas y que los tribunales en un plazo no mayor a  seis meses juzguen sus comportamientos. Y si lo considera delictivo, se restituya el dinero malversado a los contribuyentes y de patitas a la calle. Un par de ejemplos de servidores desleales serían suficientes para acabar con la corrupción en Valencia, Castellón, Baleares, Cataluña o  el caso Gürtel. Luego se quejan los partidos de que los ciudadanos valoramos muy poco a sus políticos. Con estos comportamientos, no hay regeneración política que valga. Lo de Santa Ana de Pusa reafirma la necesidad de institucionalizar las primarias en los partidos y en limitar a dos legislaturas el mandato de los elegidos en el mismo cargo. La política no puede ser más que una vocación de servicio, no un oficio para privilegiados, en muchos casos sin más mérito ni titulo que el carnet del propio partido.