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así tampoco

LOS SINDICATOS  han convocado para mañana una huelga general, la sexta desde que vivimos en democracia. Hay 1000 motivos para hacerle una huelga al gobierno socialista de J.L. Rodríguez Zapatero. Incluso 3000 más para iniciar una huelga revolucionaria; por lo que ha hecho y, sobre todo, por lo que ha dejado de hacer. Esta es una huelga de “pega”. El paripé Gobierno-sindicatos, con un incontable y secreto número de militantes liberados, exige que se desenmascare a ambos por esta huelga –“una putada” que diría Toxo- máxime, cuando los agentes sociales son los primeros avalistas de las políticas económicas equivocadas del Ejecutivo desde 2004.

Parece claro que los servicios mínimos pactados por Blanco son una válvula de escape para que la huelga termine sin vencedores ni vencidos. En Castilla-La Mancha, los sindicatos van a imponer piquetes informativos “contundentes”; es decir, matonismo sindical. El Gobierno de Barreda debe garantizar que todos los trabajadores que lo deseen puedan acudir libremente a su trabajo.

   El derecho (constitucional) a la huelga no debe ser menor que el derecho (constitucional) a acudir al puesto de trabajo. España, Castilla-La Mancha, no se pueden permitir una huelga (y menos una huelga salvaje) porque al final los más perjudicados son los más débiles.  Estos sindicatos no representan a los parados que son una inmensa mayoría y a este gobierno nacional  hay que hacerle una huelga, sí, pero una huelga de votos en las urnas en 2012. La salida a la crisis pasa por trabajar más como explicó el presidente Barreda y por trabajar, presumiblemente, por menos sueldo.

   Estos sindicatos, que nunca se han interesado por los parados y los autónomos  son los que tampoco han entregado balance económico alguno ante el Tribunal de Cuentas en 33 años de democracia. Necesitan con urgencia una Ley de Huelga para regular derechos y obligaciones. Así, no. Desde luego que no. Con este gobierno que acaba de romper la caja de la Seguridad Social entregando la llave de la insolidaridad al PNV, no; pero con estos sindicatos mayoritarios que le han apoyado en esta travesía de erráticas y despilfarradoras políticas sociales, con estos palmeros oficialistas, tampoco. Una y mil veces no a estos sindicalistas verticales, a estos aristócratas del escaqueo – que me perdonen Camacho, Redondo y algún sindicalista honrado más, si es que quedan todavía-,  que van a utilizar el pulso a la sociedad para evitar una reconversión en profundidad. Los sindicatos necesitan una transición, un aggionamiento porque siguen anclados en el XIX. Y estamos en el siglo XXI. Su lema es claro. Así, no. El nuestro también: así, tampoco. Por tanto,  mañana,  todos al tajo.  

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cumplir la ley

LOS ADMINISTRADORES del Banco de España se han negado a modificar los Estatutos de la Fundación CCM al entender que corresponde a la Asamblea General. Pero la Asamblea está disuelta. La fusión con Cajastur está en el aire. Es una lástima que tras el esfuerzo de la entidad,  –acaba de devolver al Fondo de Garantía de Depósitos los 1.300 millones de euros que recibió en 2009 por no ir a la quiebra-, un asunto burocrático pueda dar al traste de la mayor institución económico-financiera. Pero no es asunto menor. Se trata de cumplir la ley. Y la ley obliga a todos. Empezando por la Junta. El Registro de Fundaciones de la Comunidad ha rechazado los estatutos y, por tanto, peligra la obra social. El PP amenaza con impugnar el proceso si el texto no se ajusta a la norma.

El PSOE lo entiende como un boicot y este mismo jueves quiere que las Cortes nombren a los representantes en el Patronato. Pero si el Patronato no se ha constituido y, por tanto, la Fundación no existe ¿cómo es posible nombrarlos? El PP por mediación de su secretario general Vicente Tirado, en calidad de miembro de la Mesa, ha elevado un escrito de reconsideración para que las Cortes no se carguen la legalidad. Lo deseable sería encontrar una solución técnica, registrar la Fundación que llevará todo el peso social de la entidad, y luego nombrar a los representantes. Ni política de tierra quemada, como argumenta sin fundamento el portavoz socialista José Molina, ni minorías populares de bloqueo. Las consecuencias pueden ser letales para la Región. En paralelo, bueno sería conocer el informe remitido a la Fiscalía para que se investigue la gestión de Hernández Moltó (y asociados). Queremos transparencia. Y para ello, nada más apropiado que crear una comisión de investigación presidida por la oposición. Los castellano manchegos tenemos derecho a saber dónde han ido a parar más 7.000 millones de dinero público.