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lucro (in) cesante (I)

EL MAESTRO Manuel  Martín Ferrand (La Coruña, 1940) firmaba no ha mucho en ABC  un informe sobre las CCAA. Tres datos para  visualizar el escenario: el gasto de las Administraciones  territoriales  (35,5% las Autonomías y 29,9% los Ayuntamientos) supone el 49,2% de los  totales del Estado.  De los 800.000 funcionarios de la Transición hemos pasado a los 3,5 millones actuales. Una buena parte ha entrado sin concurso ni oposición.  En varias comunidades, uno de cada tres empleados trabaja con cargo al Presupuesto.   La deuda de las 17 CCAA más las de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla  supera los 120.000 millones de euros.  Otro dato: el mercado único se ha roto al existir 17 reglamentaciones diferentes al igual que ocurre con la caza o con los toros.  Las prestaciones al alcance de los ciudadanos  en unos y otros territorios se han  agrandado profundizando la insolidaridad y la injusticia.  ¿En qué ha quedado el  Fondo de Compensación Interterritorial?

Dos conclusiones que extraemos a vuelapluma: una, se necesita un Pacto entre el PP y el PSOE –serían bienvenidos IU y UPyD- para reconducir el Título VIII de la Carta Magna; dos, este país de las maravillas es un lujo insostenible en un Estado imposible.  Baste señalar que no existe  un censo nacional de entidades, empresas u organismos dependientes de las CCAA como brazo “derrochador” de los Ejecutivos.  Martín Ferrand ha puesto el dedo en la llaga. Los partidos guardan silencio. Los cambios en el Gobierno  nos han muy  salido caros. Los ministros cesados  (De la Vega, Moratinos, Aido, Corredor, Corbacho y Espinosa) cobrarán una indemnización  -entiéndase lucro cesante por daños morales- de unos 5.410 mensuales durante dos años. Lo escandaloso es que las titulares de Igual-Da y Vivienda siguen de secretarias de Estado, cobrando, además de la indemnización, 2.500 euros más. Y el día que se vayan,  cobrarán de nuevo el 80% de su sueldo repartido en 24 mensualidades  compatible con cualquier otra prestación  estatal. Uno puede ser ex ministro y diputado o secretaria de estado y senadora y seguir  lucrándose incesante.

En el inicio de los 80 le escuché decir a Felipe González que iba a acabar con las pensiones de los ministros  franquistas,  unas 80.000 pesetas de la época a cobrar una vez cumplidos los 65 años. Y a fe que acabó con ellas. En su lugar,  aprobó por Decreto, para los altos cargos del Gobierno y de las Instituciones –en muchas autonomías se han hecho extensivas a  Presidentes y consejeros y altos cargos- unas indemnizaciones compatibles con cualquier otra responsabilidad oficial o electa.  Mismamente, los diputados y senadores, serán indemnizados con una mensualidad por año trabajado. Y con siete, tienen derecho a la pensión máxima.  Además, los padres de la patria gozan de un plan de pensiones  anual de 4.377 euros.  En suma, se han blindado el futuro.

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