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reforma inaplazable

LA CONSTITUCIONA ESPAÑOLA ha envejecido con todos nosotros. Desde hace 32 años ha soportado estoicamente el golpe de Estado, la tormenta de los nacionalismos excluyentes y el hachazo brutal del terrorismo; la lluvia de magistrados estabulados  ha calado hasta el tuétano de la justicia. En ausencia de una sociedad civil fuerte, partidos, sindicatos y  patronal se han corrompido lo suficiente para confundirse con el  paisaje,  y la impericia del último capitán –“nación es un concepto discutido y discutible”- ha terminado por cuartear la cuaderna maestra de la nave. Necesitamos repararla con urgencia en los astilleros de la confianza y la unidad para atravesar en calma el océano del  siglo XXI. La globalización, las desigualdades, el ciberterrorismo, las TIC, Internet, las redes sociales, el cambio climático y las energías renovables han configurado un mundo en el que Occidente ha quedado desenfocado y varado en el despilfarro.

 La crisis económica  quizá recupere  valores que la borrachera del Estado del Bienestar nos arrebató. La Carta Magna debe consagrar nuevos derechos (y deberes) como el de la ciudadanía europea, la defensa de los DH como bandera innegociable frente a las razones de estado sin razón;  derecho a la paz, acceso al ADSL barato, referendums vinculantes  y  amparo de los más desfavorecidos; reclamamos servidores del pueblo honestos, mayor igualdad de oportunidades, privacidad de los datos, mayor protección a la infancia, penalización del maltrato, reconocimiento de los diferentes y la no discriminación (efectiva) por el idioma, el color de la piel o la religión.  O la discriminación por ser simplemente un “apestado del paro”. Los inmigrantes tienen todo el derecho a integrarse y el deber de hacerlo para acceder a los servicios comunitarios. ¿Por qué no incluir también en la CE los derechos fundamentales que el TC protegió contra los ruidos excesivos o los reclamos publicitarios no deseados? ¿Y los abusos permanentes al consumidor de las multinacionales?  La reforma inaplazable tiene tres siglas: PSOE, PP y UPyD.

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al servicio del pueblo

EL PRESIDENTE José María Barreda renunciará a los privilegios que la ley concede a los ex presidentes: sueldo, oficina, secretaria, dos asesores y seguridad. Barreda considera que él tiene ganado el futuro al volver a su puesto de profesor en la Universidad. Es una sabia decisión en estos momentos de crisis. Y todo un ejemplo de ética y austeridad. Una respuesta contundente a la urgente petición que le formuló en las Cortes el Partido Popular y que, desgraciadamente, el propio PSOE desestimó hace unas horas. El doctor Barreda conoce perfectamente que ha llegado la hora de arrimar el hombro y de predicar con el ejemplo. No le tembló el pulso en reducir el Ejecutivo a la mitad rebajándose el sueldo, en adelantarse a la crisis económica, en exigir que Zapatero rectificara sus políticas antisociales y ahora en renunciar a seis años de derechos de “lucro cesante” consolidados durante su mandato. Su bonhomía le ha jugado tres hachazos invisibles y homicidas que pueden derribarlo el 22-M: el saqueo de Caja Castilla-La Mancha, el imposible despegue del aeropuerto de Ciudad Real por amigos desleales con plomo en la c/c y la retirada del Estatuto al dejarle empantanado Zapatero en la cabecera del trasvase Tajo-Segura tras la supresión del Plan Hidrológico Nacional. El despliegue del AVE a Albacete y Cuenca –ya lo disfrutan Guadalajara, Ciudad Real y Toledo- no va a dar tiempo para visualizar el impacto del cambio de ciclo que se avecina. Los 200.000 parados de la Región y la destrucción del tejido productivo en el universo de la construcción (desde los ladrillos a las puertas) son una asignatura pendiente que tampoco se aprueba con nota con ambiciosas inversiones en energías renovables. Del gesto personal del presidente Barreda –un servidor del pueblo- no debemos inferir que ello implique la abolición de la Ley del Gobierno. Sería lógico y además justo que los ex de Castilla-La Mancha formaran parte del Consejo Consultivo si atravesasen problemas económicos.