EL GOBIERNO DE LA NACION está desesperado y quiere terminar el mandato dejando tras de sí un horizonte de tierra quemada. España (y los españoles sobre todo) les importamos una higa. El fracaso del Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene una irresponsable principal: la vicepresidenta Elena Salgado. Dos meses largos después del cambio del 22-M ha dinamitado una reunión que tenía como objetivo dar oxígeno a las CCAA, por el mero hecho de que, extinguido el tripartito, ha cambiado el mapa político en Cantabria, Extremadura y sobre todo en Castilla-La Mancha. La presidenta de Cospedal pidió formalmente una entrevista para explicarle el desajuste de cuentas en la región, pero decir la verdad es sinónimo de imprudencia. Las cartas cruzadas hechas públicas entre ambas y la del secretario de Estado de Hacienda y el consejero Diego Valle, confirman que la irresponsabilidad estaba en el origen –es decir, en el gobierno Barreda, y que en Alcalá 3 miraron para otro lado durante mucho tiempo. La “vice” no se cree los dispendios. Viendo sus cambios constantes de criterio en la UE sobre el caso griego, no caben
sorpresas. Lo suyo no es la transparencia precisamente sino sectarismo político y abuso de poder.
Mientras tanto, la bolsa se desploma, las agencias de rating nos están vigilando con lupa y la colocación de deuda se encarece semana a semana porque la prima
de riesgo cabalga desbocada sobre el PIB, endeudando a varias generaciones. Pero a esta protegida de Rubalcaba lo que le preocupa es acusar al PP de “tener un plan oculto” para destrozar el Estado de Bienestar. Miserable marketing electoral. Sabe mejor que nadie que el modelo de financiación ya no vale, en parte porque la gestión socialista ha sido nefasta y era el momento de sentar las reglas para salir juntos de la crisis. Pero es consciente también de que pertenece a un gobierno provisional amortizado y quiere dejar la patata caliente a Rajoy. Por ello, ha aplazado hasta septiembre un plan de choque que pague las facturas a proveedores.
En el fondo, lo que pretende es ahogar a las CCAA del PP para que no puedan hacer frente a los gastos de sanidad y educación, los puntos más sensibles para los ciudadanos de cara a las generales. Las desmesuras de Zapatero en aquellas cumbres autonómicas adelantando dinero a manos llenas (18.736 millones)
nos han llevado a esta trágica situación donde nadie paga a nadie mientras los ingresos del Estado bajan un 18% en el primer semestre. ¿Cómo va a devolver
Castilla-La Mancha 1.033 millones de la liquidación de 2009 si además ha encontrado un agujero negro de 2.660? ¿Cómo cumplir el objetivo de déficit del Reino
de España (6%) si hacemos trampas en el solitario? Después de tanta irresponsabilidad (política y económica) el Gobierno se pone a tocar la lira mientras se hunde el
“Titanic autonómico”.
Nuestro modelo de financiación es inviable. Hace bien la presidenta castellano-manchega en no admitir las transferencias de Justicia y habrá que reflexionar si no es el momento de devolver algunas otras como las de sanidad, -educación, especialmente- y dependencia.
Hemos llegado a un final de ciclo donde los cinco millones de parados -215.000 de ellos en Castilla-La Mancha- corroboran que los gestores y el sistema han
fracasado. Lo más urgente ahora es predicar con el ejemplo y practicar una economía de guerra. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. La pregunta es: ¿quién pagará la fiesta hasta otoño?