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La iniciativa del Ejecutivo central de adelantar a los ayuntamientos el dinero de las facturas no pagadas ha puesto al descubierto el despilfarro oficial haciendo buena aquella  frase de Carmen Calvo de que  “el dinero público no es de nadie”.
La crisis ha estallado también en el corazón de la democracia local y autonómica. Nuestras  cinco capitales de provincia deben 113 millones a los proveedores: Albacete (35 millones); Ciudad Real (10), Cuenca (22), Guadalajara (18) y Toledo (28).  Extrapolando las cantidades solicitadas a Hacienda, los municipios  castellano-manchegos recibirán del consocio Banca-ICO casi 1.000 millones,  dinero hurtado a  pymes y autónomos que hay que devolver en 10años. Una hipoteca que, unida a las facturas encontradas en los cajones de la  Junta,  y a la deuda acumulada (unos 6.870 millones de euros) son una losa de granito para la creación de empleo. Ya nadie puede gastarse ni un céntimo más de lo que ingrese.
Hay que deshacer esta sociedad de derechos sin deberes porque el mundo se tambaleó el 11S y se acabó el 11M.  Y devolver el  liderazgo a los empresarios que crean riqueza y la reparten. No a las subvenciones al cine, sindicatos, patronal y energías verdes. Puro despilfarro. Y los cursos de formación profesional deben volver a las Universidades Laborales.   Las reformas de Rajoy son el principio de la nueva era aunque todo estaba escrito ya en el Imperio, en plena tiranía de César. En el Senado de Roma, hace 2064 años, Marco Tulio Cicerón denunciaba que “el presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro, re-aprovisionarse, la deuda debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos, moderada y controlada; y la ayuda a otros países debe eliminarse para que la República no vaya a la bancarrota”. Y terminaba el gran abogado y orador: “La gente debe aprender nuevamente a trabajar antes que vivir a costa del Estado”. Lo dicho: es preciso, como pide UPyD, refundar España; refundarla en todas direcciones.

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hay que deshacer la casa/antonio regalado

La iniciativa del Ejecutivo central de adelantar a los ayuntamientos el dinero de las facturas no pagadas ha puesto al descubierto el despilfarro oficial haciendo buena aquella  frase de Carmen Calvo de que  “el dinero público no es de nadie”. La crisis ha estallado también en el corazón de la democracia local y autonómica. Nuestras  cinco capitales de provincia deben 113 millones a los proveedores: Albacete (35 millones); Ciudad Real (10), Cuenca (22), Guadalajara (18) y Toledo (28).  Extrapolando las cantidades solicitadas a Hacienda, los municipios  castellano-manchegos recibirán del consocio Banca-ICO casi 1.000 millones,  dinero hurtado a  pymes y autónomos que hay que devolver en 10 años. Una hipoteca que, unida a las facturas encontradas en los cajones de la  Junta,  y a la deuda acumulada (unos 6.870 millones de euros) son una losa de granito para la creación de empleo.

Ya nadie puede gastarse ni un céntimo más de lo que ingrese. Hay que deshacer esta sociedad de derechos sin deberes porque el mundo se tambaleó el 11S y se acabó el 11M.  Y devolver el  liderazgo a los empresarios que crean riqueza y la reparten. No a las subvenciones al cine, sindicatos, patronal y energías verdes. Puro despilfarro. Y los cursos de formación profesional deben volver a las Universidades Laborales.

   Las reformas de Rajoy son el principio de la nueva era aunque todo estaba escrito ya en el Imperio, en plena tiranía de César. En el Senado de Roma, hace 2064 años, Marco Tulio Cicerón denunciaba que “el presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro, re-aprovisionarse, la deuda debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos, moderada y controlada; y la ayuda a otros países debe eliminarse para que la República no vaya a la bancarrota”. Y terminaba el gran abogado y orador: “La gente debe aprender nuevamente a trabajar antes que vivir a costa del Estado”. Lo dicho: es preciso, como pide UPyD, refundar España; refundarla en todas direcciones.

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refundar el estado/AntonioRegalado/Bahía de Itaca

La iniciativa del Ejecutivo central de adelantar el pago de las facturas de los ayuntamientos ha puesto al descubierto el despilfarro oficial haciendo buena aquella  lamentable frase de Carmen Calvo de que  “el dinero público no es de nadie”.  Contrasta esta filosofía  mediterránea con la tradición  protestante según la cual no pagar  impuestos es un robo a la comunidad y malversar caudales públicos un delito social, ambos sin prescripción. 
   La crisis ha estallado también en el corazón de la democracia local y autonómica. Nuestras  cinco capitales de provincia deben 113 millones a los proveedores: Albacete (35 millones); Ciudad Real (10), Cuenca (22), Guadalajara (18) y Toledo (28).  Extrapolando las cantidades solicitadas a Hacienda, los municipios  castellano-manchegos recibirán del consocio Banca-ICO casi 1.000 millones, dinero a devolver hasta 2022, con dos años de carencia. Una hipoteca que, unida a las facturas encontradas en los cajones de la  Junta antes del 22 de mayo, y a la deuda acumulada (unos 6.870 millones de euros) son una losa para la creación de empleo.
No se puede gastar ni un céntimo más de lo que se ingresa; hay que abandonar las tentaciones faraónicas y el gratis total en promociones, cenas y viajes al exterior. Es tiempo de incluir en el Código Penal la irresponsabilidad de los gestores públicos. Y de inhabilitarlos para la acción política. Ha llegado el momento, como UPyD ha pedido en el Parlamento aunque se haya quedado tremendamente sola con sus cinco votos, del adelgazamiento de las Administraciones públicas, de derogar los regímenes forales y de facultar al Gobierno de la Nación con mecanismos de control que impidan que PP, PSOE, nacionalistas e independentistas, esquilmen las arcas y sigan riéndose de los contribuyentes encabezando luego las listas los corruptos como ciudadanos honorables. Hace falta más ética, más austeridad y más transparencia en las cuentas públicas y acabar de una vez y para siempre con las cesantías en cargos electos y en empresas públicas. El mayor orgullo de un servidor público debe ser servir y no servirse. 
¿Alguien en su sano juicio puede entender que las ex ministras Aido y Corredor, las ex secretarias de Estado del mismo apellido, ahora una en Naciones Unidas y la otra como diputada nacional,  cobren simultáneamente tres sueldos de los Presupuestos Generales del Estado? Parecería razonable que los ex presidentes del Gobierno pertenezcan al Consejo de Estado y se les mantenga la seguridad, pero, con casi seis millones se parados, ¿es permisible que cobren otro sobresueldo? Y lo mismo sucede con dirigentes autonómicos, ex consejeros, gestores de cajas públicas arruinadas con pensiones vitalicias escandalosas… Lo de los EREs andaluces (Javier Guerrero) e Invertaria (Laura Gómiz) se llama corrupción. Pero Felipe González exculpa a Cháves y a Griñán porque -dice- son dos hombres honrados.  Por fortuna, la fiesta ha terminado. 
Hay que deshacer esta sociedad de derechos sin deberes. Y dar protagonismo a loa empresarios y a los emprendedores que son quienes crean riqueza y la reparten. Abajo a las subvenciones del cine, de los sindicatos, de la patronal y de las energías verdes que son más caras que la sequía. Y  los cursos de formación profesional deben volver a las Universidades Laborales. Cinco minutos antes de que los liberados sindicales y los anti sistema destrocen un poco más España con la huelga general  anunciada para el 29M, apoyemos a las fuerzas del orden para que nadie pueda ser privado de su sagrado derecho de acudir al tajo. Los sindicatos estabulados y muchos trabajadores incautos no se han dado cuenta aun de que el mundo se acabó el 11S y que nosotros, además, tuvimos nuestro gólgota particular el 11M-2004.    Las reformas de Rajoy son el principio de la nueva era aunque todo estaba escrito ya en el Imperio, en plena tiranía de César: En el Senado de Roma, hace 2064 años, Marco Tulio Cicerón denunciaba “el presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe re-aprovisionarse, la deuda debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos, moderada y controlada; y la ayuda a otros países debe eliminarse para que la República no vaya a la bancarrota”. Y terminaba el gran abogado y orador: “La gente debe aprender nuevamente a trabajar antes que vivir a costa del Estado”. Lo dicho: hay que refundar España. Y en todas direcciones.