envejecer con dignidad/antonio regalado

La guerra electoral ha comenzado. Una pensión no es un salario del Estado, es un derecho adquirido por el trabajador.   

                Envejecer con dignidad

POR ANTONIO REGALADO
Millones de pensionistas han salido a las calles para protestar por la precariedad de las pensiones en España. Una pensión no es un salario del Estado; es un derecho adquirido por el trabajador que ha sufragado las pensiones de los trabajadores que le precedieron. Conviene reflexionar desde esta orilla.
Los pensionistas han volcado siempre los resultados de las elecciones generales y autonómicas. Según el CIS, los mayores de 65 años en Castilla-La Mancha, por ejemplo, votan un 46,8 al PP y un 32,3 al PSOE en comicios nacionales. El porcentaje es muy similar en las comunidades no nacionalistas donde la antigua Convergencia o el PNV reciben un porcentaje parecido de apoyos. La abstención de los jubilados es la más baja de la pirámide electoral, un 11,3%. En resumen, los pensionistas somos la masa crítica esencial y necesaria a movilizar en periodo electoral.

Guerra electoral
Hete aquí que estamos a catorce meses de los comicios municipales, regionales y europeos. Ello explica el calor de la calle y la preocupación súbita de los partidos políticos de oposición. Han encontrado un filón de agravios e indignidades que servirán de munición explosiva para el debate que se avecina en sede parlamentaria.
Acorralar a Mariano Rajoy y a Fátima Báñez no será difícil teniendo en cuenta que en las cartas de la ministra de Trabajo hace unas semanas se felicitaba de subirnos entre 6 y 1 euro mensual, el 0,25% mínimo establecido por Ley. La guerra electoral ha comenzado sin pasar por el Pacto de Toledo, donde debería dirimirse el futuro del sistema público de pensiones.

Que el sistema actual no se sostiene, es evidente. Con una tasa de natalidad del 1,24 %, con un paro en torno al 17% y con unos salarios mileuristas de una gran parte de la población, el agujero anual se sitúa en torno a los 20.000 millones de euros. La caja única de las pensiones y de la Seguridad Social es prácticamente el último eslabón de la solidaridad que no se ha desmontado todavía.

 

Planes privados

Cuando hace unas semanas el presidente del Gobierno invitaba a suscribir planes privados de pensiones anunciando que se podrían sacar en 10 años, estaba confirmando, simplemente, que las pensiones peligraban en su punto más esencial: la cuantía. Estudios actuariales del sector certifican que en una década, si no se modifica la fórmula, los pensionistas del futuro cobrarán un 80% del valor actual y, en 2038, poco más de la mitad. Recurrir al complemento de planes privados es un error porque el señor Montoro rompió las reglas de juego en 2007 y anuló la exención del 40 por 100. Ahora, la recuperación del fondo de pensiones, se considera un ingreso neto más. Resultado: no se puede sacar ni un euro como complemento de la pensión porque el IRPF se dispara; sobre todo, porque es un dinero que ya ha sido declarado. Un atropello, una confiscación.
Subsistencia

La crisis, contra lo que se pueda creer, no ha perjudicado al poder adquisitivo de las pensiones. Cierto. En los últimos 6 años se han perdido solo un 0,4% debido a la inflación negativa y a los bajos tipos de interés del Banco Central Europeo. Por contra, los productos energéticos y digitales han subido más del 20 por 100. Y esto es un mazazo para las clases medias y bajas. De golpe y porrazo nos hemos situado en límites de subsistencia insostenible porque al amparo de esa pensión del Estado han vivido muchos hijos y nietos de los que se quedaron colgados tras la burbuja. Así no se puede envejecer con dignidad.

Reformas urgentes
Aumentar la vida laboral hasta los 70 años de forma progresiva, tomar como referencia los 25 mejores años de cotización tras un cómputo mínimo de 40 años e incentivar los fondos de pensiones para que se puedan sacar mensualmente como una ayuda complementaria sin superar los 3000 euros, contribuiría a estabilizar el sistema. De paso, las retribuciones por viudedad, orfandad y no contributivas deberían sacarse de la hucha de la Seguridad Social y pasar directamente a ser un capítulo más de los Presupuestos Generales del Estado.
Las pensiones deberían estar exentas del IRPF al igual que las rentas del trabajo colaborativo pasados los 70 años.
Tengamos en cuenta que cuando un trabajador se jubila, lo que percibe apenas es el 80 por 100 de su último salario. Si la pensión que se percibe es la máxima (la pérdida real pueda llegar al 50 por 100). Mientras el ministro de Hacienda estudia que bajará la presión fiscal de las clases pasivas –ya lo ha anunciado varias veces sin hacer nada- bueno es que el Parlamento derogue sus privilegios.
¿Por qué un diputado o senador con ocho años de ejercicio tiene derecho a la pensión máxima y un trabajador necesita 38? ¿Por qué el Congreso complementa a sus señorías hasta la pensión máxima cuando sus ex señorías no han cotizado lo suficiente? Un ejemplo: el ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, recibe un complemento mensual de 400 euros (por 14 pagas) tras su jubilación después de su condena. Hay otros 120 ex diputados más. Escandalosas resultan las pensiones vitalicias de los ex presidentes del Parlament de Cataluña (y de los presidentes de la Generalidad) que superan los 100.000 euros anuales. Obscenos los planes de pensiones de banqueros y ejecutivos tras dejar, en muchos casos, saqueadas las empresas.
En las pensiones, nunca mejor dicho, todos iguales. Para poder sr más libres.

Demagogia como bandera

Podemos está liderando la movida en la calle. Durante toda la legislatura no se le conoce una sola iniciativa parlamentaria que haya mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. Los gobiernos de Madrid, Barcelona, Cádiz o Zaragoza han protagonizado una gestión ineficaz donde el mayor logro sigue siendo el nepotismo y el despilfarro. Todo ello gracias a Pedro Sánchez, que entregó la alcaldía madrileña a Manuel Carmena en detrimento de su propio candidato Antonio Miguel Carmona, apoyado por PP; en la Ciudad Condal apalancó a Inmaculada Colau por media docena de sueldos generosos hasta que la propia alcaldesa los echó a todos del gobierno municipal pretextando el apoyo al 151.
Sánchez fue el abanderado de la congelación de las pensiones en 2009 –junto a Simancas, Luena y Ávalos- a iniciativa del gran Rodríguez Zapatero. No lo olvidemos. Ahora se pone a la cabeza de la reivindicación exigiendo el 1,6 % de subida, como el IPC, y proponiendo dos impuestos finalistas: uno a la banca y otro a las transacciones financieras. Pero cuando presenta la Proposición no de Ley en el Congreso se le olvida la del impuesto a la banca. Ciudadanos se ha sumado al carro electoral y anuncia iniciativas razonables. Esperemos que no queden descafeinadas en el camino.
Lo lógico es que todas las propuestas se debatan en el Pacto de Toledo del que nadie se acuerda hasta horas antes de cada campaña electoral. Los populares consideran que esta encerrona parlamentaria solo pretende desgastar al gobierno. Tiene razón pero este Ejecutivo, con mayoría y sin ella, ha tenido la oportunidad de cambiar las cosas y no ha hecho nada. Lo mueve, igual que a la oposición, el peso de las urnas.

Economía de guerra

Cuando estamos en activo pocas veces nos paramos a pensar en las pensiones; luego, los ERES y las crisis nos han precipitado a las prejubilaciones. ¿Hay algo más inhumano que una prejubilación cuando estás en lo mejor de tu carrera profesional? Si, la jubilación. Te quedas condenado a una cantidad fija que, a lo sumo se revaloriza para tomar un café quince días al año. Y sin la posibilidad de poder trabajar o colaborar en otros sectores tras la acumulación de experiencias. Cerradas las puertas laborales, solo quedan dos caminos: el deporte moderado y las visitas al médico de cabecera.

Te empieza a doler el alma y solo las recetas médicas parecen ser la solución. Se aumenta así el gasto sanitario y farmacéutico (además del dental) y nos encontramos, pasados los setenta, con los ahorros en luz de reserva y una incertidumbre muy cierta: cómo envejecer con dignidad.
La historia personal se ha reducido a 47 años de trabajo, pagar un piso, unos cuantos coches, dar carrera a los hijos para que puedan emigrar (afortunadamente) casi al polo norte y vivir enganchado a una economía de guerra. Eso sí, nos queda el poder del voto.

 

 

 

Barataria en Waterloo/antonio regalado

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Carles Puigdemónt será armado caballero en el exilio y, por tanto, pasará a ser el nuevo gobernador de la ínsula de Barataria, no en Alcalá de Ebro (Zaragoza) sino en Bruselas.

     

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  Barataria en Waterloo

ANTONIO REGALADO
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirma que el paro (65%), la corrupción y el fraude (35,1%), y los políticos en general, los partidos y la política (24,3%) ocupan los tres primeros lugares en las preocupaciones de los españoles.
Las pensiones, la crisis de valores, los recortes, los bancos, la inmigración, la violencia doméstica o los desahucios, – que tanto juego dieron a los herederos del 15M-, han sido eclipsados por el problema catalán.

Aunque los nacionalismos solo inquietan al 0,5 por ciento de la población, lo cierto es que la independencia de Cataluña perturba a un 14,9 de ciudadanos. A pesar del golpe de Estado que activó el artículo 155 y de las elecciones precipitadas del 21D, ninguna de las incógnitas se ha despejado todavía. Y la incertidumbre política continúa.

 

Agujeros negros

El aplazamiento de la sesión de investidura (17 de enero) sin que llegara a abrirse, es uno de los muchos agujeros negros de nuestro ordenamiento jurídico. El informe del Consejo de Estado asegurando que no podía parar el nombramiento del prófugo Puigdemont hasta que no se consumase el “hecho jurídico”, -es decir, el delito-, puso a Moncloa de los nervios y la fórmula impulsada por el Tribunal Constitucional para detener el atropello de ser investirlo por plasma solo ha retrasado el embarazo. Porque este es un embarazo de seis años. ¿No se puede preventivamente evitar un delito de lesa patria por amparar los derechos civiles y políticos de unos delincuentes golpistas? Presuntos, naturalmente.

Tenemos a un tipo más chulo que un ocho instalado en Waterloo, prófugo de la justicia, que hace unas horas se reunía con un puñado de diputados y alcaldes catalibanes para convertirse en el nuevo Papa Luna, creando un cisma de consecuencias políticas y económicas imprevisibles.

 

Mientras ERC, JxC y la CUP –con el beneplácito de los Comunes de Colau-Iglesias-, proponen un candidato sin antecedentes penales que acceda al Presupuesto directamente –que es de lo que se trata- Puigdemont exige pleitesía napoleónica, para erigirse en el presidente en el exilio pero con poderes ejecutivos. ¿También sobre el BOE catalán? Por su supuesto; será un hombre (o una mujer) de paja, quien buscará en el Palau de la Generalitat la receta mágica para seguir pagando la residencia oficial (y operativa) del doble gobierno. FLA mediante.

¿Alguien se ha parado a pensar que este golpista de medio pelo va a ceder protagonismo político y mediático a pesar de no haber ganado las elecciones? Este periodista de pesebre, está enfermo de vanidad. Y ése es un mal incurable. Necesitamos a la UE más que nunca.

Bicefalia

La bicefalia es un duro golpe a la democracia española, incapaz de escribir un relato coherente de las mentiras permanentes de estos nacional-catalibanes y que, hay que admitirlo, no han cedido ni un ápice de sus reivindicaciones soberanistas. Y luego se queja Rajoy de que su mensaje no llega al público. ¿Qué mensaje, señor presidente?

Tras la debilidad de los washapps destapdos por Comín, la nueva ofensiva pasa ahora porque la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia) constituido en Asamblea Constituyente empodere al ex alcalde gerundense y le legitime ante el populacho. Puigdemónt será armado caballero en el exilio y, por tanto, pasará a ser el nuevo gobernador de la ínsula de Barataria, no en Alcalá de Ebro, Zaragoza, sino en Waterloo. Ni España ni la UE se pueden permitir este desafío.

 

Bastones como lanzas

Otra vez el victimismo como consigna nacionalista y otra vez la propaganda al por mayor. Algún día habrá que estudiar en la Universidad de Columbia el “fenómeno mediático Puigdemónt” como generador de tantas mentiras y falsedades contrastadas y sin oposición. Nadie ha gozado de más tiempo televisivo, digital y en soporte papel en Europa en lo que va de siglo que este publicista cuya mejor virtud es mentir en cuatro idiomas.
Ni siquiera el europeo más ilustre, el británico Winston Leonard Spencer- Churchill, gozó de esa popularidad tan reverencial. Y eso que venció a Hitler.

La operación de los ediles adscritos al AMI, -financiados con fondos públicos-, que ya acompañaron hasta los tribunales a los delincuentes Artur Mas y Francis Homs y se trasladaron con sus bastones como lanzas hasta Bruselas para apoyar la contramanifestación constitucionalista de Barcelona, tiene que tener una respuesta de los tribunales. Unos representantes del pueblo que están ahí amparados por la Constitución y por el Estatuto no pueden seguir apoyando desde sus propios Ayuntamientos el golpe de Estado a una democracia cuarentona.

¿Desde cuándo los votos por representación dan inmunidad e impunidad para saltarse la ley y atacar el corazón de la libertad rompiendo las reglas de juego? “Nunca nadie debe estar por encima de la ley”, aprendimos con Adolfo Suárez. Y menos, los desleales pagados con nuestros impuestos.

Al constituirse los AMI en una plataforma constituyente (y anticonstitucional) la Fiscalía debe actuar en consecuencia, abrir los expedientes correspondientes y a quienes voten el empoderamiento, instar a su destitución. Ni un euro de dinero del contribuyente para la secesión. Inhabilitación política para ejercer cargos políticos e investigación por malversación de caudales municipales.

El juez y el Estado

El magistrado Pablo Llarena, un juez curtido en Cataluña, mantiene desde hace tres meses la dignidad e integridad del Estado. El peso de la ley caerá sobre los golpistas, unos delincuentes habituales a los que todo les ha salido gratis hasta ahora. Podemos discrepar de la redacción y la sintaxis de sus argumentos, pero la negativa a escuchar a los abogados de Puigdemont para llegar a un acuerdo, confirma que es un hombre honrado, de principios y no un tratante de leyes.

El convicto pretendía conseguir la inmunidad y regresar a casa en loor de multitud con un ramo de olivo sobre la barretina no roja sino amarilla de la ANC. Como si no hubiera hecho nada. “Olvidar el olvido, no; me olvidé de olvidarte”, nos recordaba Sabina.

La no excarcelación de Junqueras, de Forn y de los “Jordis” a pesar de no haber detenido en Dinamarca al ex presidente, nos reconcilia con la justicia y con la ley. Estamos seguros de que estos tipos pagarán su traición más pronto que tarde.

En este tiempo de incertidumbres, con un gobierno desactivado buscando alguna componenda sorayista con los insurrectos, confiamos en que el juez Llarena no dé opciones a componendas extrajudiciales. La soledad del magistrado debe ser tremenda, infinita, pero la ley es su apoyo y nuestra gran esperanza. Un juez y el peso de la propia ley deberían ser suficientes para recuperar el pulso cansino de nuestro Estado de Derecho.

 

Neutralizar el pasado

Es de agradecer que Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera estén dispuestos y convencidos de que el Art. 155 se puede reactivar en cualquier momento para impedir que triunfe el nuevo capricho bicefálico de los desleales.

 

Pero vistas las lagunas (de Ruidera) y los puntos negros de nuestro Código Penal, bueno sería que con esa amplia mayoría de 250 diputados (más el asturiano de FAC, el navarro de UPN, Ana Oramas de CC y el representante de NC arropado en las filas del PSOE) pongan en marcha un decálogo de iniciativas legislativas para que ningún juez tenga que interpretarlas sino aplicarlas simplemente. Helas aquí:

Reinstauración del delito de secesión. 2. Recurso previo de Inconstitucionalidad. 3. Reforma de la ley Electoral. 4. Prevalencia de las leyes emanadas de las Cortes sobre las de las Comunidades Autónomas. 5. Adaptación a España de la enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos para erradicar definitivamente los atentados contra la unidad de nuestra Nación. 6. Recuperación para el gobierno central de las competencias exclusivas en materia de Seguridad, Justicia, Relaciones Exteriores, Educación, Sanidad, Agua, Fronteras y Aeropuertos. 7. Inhabilitación de los funcionarios (y cargos electos o designados) que no cumplan la Constitución y los Estatutos de Autonomía. 8. Imposibilidad de que corruptos, corruptores, golpistas, traficantes, violadores y terroristas puedan formar parte de ninguna lista electoral. 9. Prohibición de los partidos y movimientos (ANC, OC, Arran) que atenten contra la unidad de la Patria y 10. Reforma de la Carta Magna, sí, pero para acabar con los privilegios económicos de vascos, catalanes y navarros.

Todos libres, todos iguales. Todos más libres, todos más iguales. España, sin ínsulas Baratarias. Una España solidaria, plural y europea. Por suerte, tenemos ya un gran rey, Felipe VI, que es el primer garante de la Constitución del 78 y el primer servidor de la Nación. Todos ciudadanos.

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