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el desafío de EPG

   ARTURO García Tizón se visualiza como cabeza de lista del Partido Popular a la alcaldía de Toledo/2011.  Ostenta la presidencia provincial,  es diputado nacional y persona de confianza de María Dolores de Cospedal. Ya es bastante pero, además, fue el hombre puente de Génova para que no se rompieran amarras con Murcia y Valencia en la crisis del Estatuto. Demasiado mérito interno acumulado. Acuña encuestas con mayorías absolutas. Ahora se deja querer, espera el tiempo de las nominaciones y sueña con poner una condición: compatibilizar la alcaldía con el escaño en el Congreso. Los precedentes, autorizados por el Comité Ejecutivo Nacional, de Juan Carlos Aparicio (Burgos) y de Teófila Martínez (Cádiz) confirman que hacer doblete es posible.

   Emiliano García Paje ha desafiado al posible candidato del PP, sabiendo que será García Tizón, anterior director de los Servicios Jurídicos del Estado con Aznar, a que se comprometa a una dedicación exclusiva al consistorio toledano. Lo dice sin que él mismo haya declinado (oficialmente) la invitación de Barreda para que le acompañe como número 2 a la Presidencia de la Junta. EGP lleva toda la vida en política  y sabe perfectamente que no va a obtener respuesta. Así, siempre puede lanzar la pregunta para que se multipliquen mediáticamente las simpatías por su entrega absoluta. Los estrategas del PP, con Vicente Tirado a la cabeza, argumentan que sería muy bueno que Toledo capital tuviera voz (y voto) en Madrid. Y confirman que Tizón sería el mejor portavoz. Pero, además, podrían ampliar el compromiso de la exclusividad a uno más democrático todavía: que gobierne la lista más votada sin que se adultere el mandato popular con coaliciones de izquierda oportunista, ahora que Zapatero aplicará el sistema con el PNV en Euskadi. ¿Aceptaría EGP este órdago popular? Y yo pregunto: ¿aguantarán ambos no  cuatro años sino tan solo una  semana como jefes de la oposición?  Por mayo, cuando cante la calandria y responda el ruiseñor, despejaremos todas las dudas.

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huelga tongo

HA SIDO  una huelga pactada. CCOO, UGT y el Gobierno solo querían parar Madrid. Por ello los piquetes fascistas y violentos bloquearon las cocheras de autobuses e intentaron colapsar la Comunidad. El objetivo era Esperanza Aguirre. Los sindicatos necesitan un reciclaje urgente. Es preciso regular de una vez y para siempre el derecho de huelga. Hay que terminar con los piquetes “informativos”, –un sarcasmo en la era Internet-, la silicona  y los liberados porque no son otra cosa que “kale barroka” sindical, encubierta de legitimidad. ¿No hay suficiente información en dos meses para que quien quiera acuda a trabajar sin ser amenazado, extorsionado o acusado de esquirol? El coste de este pulso que Zapatero, Toxo y Méndez han echado a la sociedad es enorme, unos 10.000 millones de pérdidas y la proyección de una imagen destructiva en el exterior. Da grima el elogio de Corbacho a los sindicatos ante un comportamiento tan poco democrático. El Ejecutivo no ha querido que las FSE se enfrentaran a los insurgentes  y en Asturias, Vigo, Barcelona y Huelva han quemado neumáticos y roto escaparates impidiendo que las personas decentes acudieran a trabajar en libertad ¿Les pasará algo a los agitadores?  Nada.

La comprensión del presidente del Gobierno con los huelguistas, tendiéndoles la mano para renegociar las pensiones, es un síntoma más de que todo estaba atado y bien atado. Al fin y al cabo estos son unos sindicatos verticales. ¿No habíamos quedado que las pensiones se  debaten en el Pacto de Toledo?  A Zapatero le da igual. El, a lo suyo: a mentir y a repescar los votos perdidos para seguir en el poder cueste lo que cueste. El líder ugetista exige una  rectificación al señor Rodríguez.  O sea, que a Méndez no lo basta con los 4,6 millones de parados generados con las políticas sociales y económicas que ZP, él y sus conmilitones de Comisiones han llevado a cabo desde 2004. Quiere más subvenciones. Y más paro.

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así tampoco

LOS SINDICATOS  han convocado para mañana una huelga general, la sexta desde que vivimos en democracia. Hay 1000 motivos para hacerle una huelga al gobierno socialista de J.L. Rodríguez Zapatero. Incluso 3000 más para iniciar una huelga revolucionaria; por lo que ha hecho y, sobre todo, por lo que ha dejado de hacer. Esta es una huelga de “pega”. El paripé Gobierno-sindicatos, con un incontable y secreto número de militantes liberados, exige que se desenmascare a ambos por esta huelga –“una putada” que diría Toxo- máxime, cuando los agentes sociales son los primeros avalistas de las políticas económicas equivocadas del Ejecutivo desde 2004.

Parece claro que los servicios mínimos pactados por Blanco son una válvula de escape para que la huelga termine sin vencedores ni vencidos. En Castilla-La Mancha, los sindicatos van a imponer piquetes informativos “contundentes”; es decir, matonismo sindical. El Gobierno de Barreda debe garantizar que todos los trabajadores que lo deseen puedan acudir libremente a su trabajo.

   El derecho (constitucional) a la huelga no debe ser menor que el derecho (constitucional) a acudir al puesto de trabajo. España, Castilla-La Mancha, no se pueden permitir una huelga (y menos una huelga salvaje) porque al final los más perjudicados son los más débiles.  Estos sindicatos no representan a los parados que son una inmensa mayoría y a este gobierno nacional  hay que hacerle una huelga, sí, pero una huelga de votos en las urnas en 2012. La salida a la crisis pasa por trabajar más como explicó el presidente Barreda y por trabajar, presumiblemente, por menos sueldo.

   Estos sindicatos, que nunca se han interesado por los parados y los autónomos  son los que tampoco han entregado balance económico alguno ante el Tribunal de Cuentas en 33 años de democracia. Necesitan con urgencia una Ley de Huelga para regular derechos y obligaciones. Así, no. Desde luego que no. Con este gobierno que acaba de romper la caja de la Seguridad Social entregando la llave de la insolidaridad al PNV, no; pero con estos sindicatos mayoritarios que le han apoyado en esta travesía de erráticas y despilfarradoras políticas sociales, con estos palmeros oficialistas, tampoco. Una y mil veces no a estos sindicalistas verticales, a estos aristócratas del escaqueo – que me perdonen Camacho, Redondo y algún sindicalista honrado más, si es que quedan todavía-,  que van a utilizar el pulso a la sociedad para evitar una reconversión en profundidad. Los sindicatos necesitan una transición, un aggionamiento porque siguen anclados en el XIX. Y estamos en el siglo XXI. Su lema es claro. Así, no. El nuestro también: así, tampoco. Por tanto,  mañana,  todos al tajo.  

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cumplir la ley

LOS ADMINISTRADORES del Banco de España se han negado a modificar los Estatutos de la Fundación CCM al entender que corresponde a la Asamblea General. Pero la Asamblea está disuelta. La fusión con Cajastur está en el aire. Es una lástima que tras el esfuerzo de la entidad,  –acaba de devolver al Fondo de Garantía de Depósitos los 1.300 millones de euros que recibió en 2009 por no ir a la quiebra-, un asunto burocrático pueda dar al traste de la mayor institución económico-financiera. Pero no es asunto menor. Se trata de cumplir la ley. Y la ley obliga a todos. Empezando por la Junta. El Registro de Fundaciones de la Comunidad ha rechazado los estatutos y, por tanto, peligra la obra social. El PP amenaza con impugnar el proceso si el texto no se ajusta a la norma.

El PSOE lo entiende como un boicot y este mismo jueves quiere que las Cortes nombren a los representantes en el Patronato. Pero si el Patronato no se ha constituido y, por tanto, la Fundación no existe ¿cómo es posible nombrarlos? El PP por mediación de su secretario general Vicente Tirado, en calidad de miembro de la Mesa, ha elevado un escrito de reconsideración para que las Cortes no se carguen la legalidad. Lo deseable sería encontrar una solución técnica, registrar la Fundación que llevará todo el peso social de la entidad, y luego nombrar a los representantes. Ni política de tierra quemada, como argumenta sin fundamento el portavoz socialista José Molina, ni minorías populares de bloqueo. Las consecuencias pueden ser letales para la Región. En paralelo, bueno sería conocer el informe remitido a la Fiscalía para que se investigue la gestión de Hernández Moltó (y asociados). Queremos transparencia. Y para ello, nada más apropiado que crear una comisión de investigación presidida por la oposición. Los castellano manchegos tenemos derecho a saber dónde han ido a parar más 7.000 millones de dinero público.