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BAHIA DE ITACA/ANTONIO REGALADO
 
                         Violencia rural

El pleno del Senado, por unanimidad, ha instado al gobierno de la Nación a que tome medidas urgentes para detener los robos, los hurtos, las entradas y los saqueos en explotaciones agrícolas y ganaderas. Una situación muy grave para el campo español que se ha agravado en los últimos años.

La Cámara Alta, sin fisuras, ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Socialista –mejorada por el PP y el grupo mixto- para acabar con las organizaciones criminales violentas que actúan con impunidad, generan inseguridad en viviendas y en poblaciones aisladas. En la exposición de motivos se habla de violencia extrema con resultados de muerte, tanto de moradores como de agresores, y en ocasiones, de agricultores y ganaderos.

Del robo individual de las aceitunas, de los ajos y de las naranjas se ha pasado al riego, la maquinaria y grandes tractores.

Los datos

El Plan 2013 que anunciaba la creación de los equipos ROCA (Robos en el Campo) no ha servido para detener la lucha contra estas mafias organizadas en las 15 provincias más afectadas. La Comunidad Valenciana es la más castigada. Murcia, Almería y Toledo se incluyen en esta División de Honor de la nueva plaga de violencia rural.

El ministerio del Interior no ha facilitado información sobre los 104 equipos ROCA que operan en nuestro país desde hace siete años ni de donde nutre estos efectivos temporales. Pero sí ha hecho públicas las cifras de denuncias: En el año 2013 hubo 24.078 sustracciones mientras que en el 16 la cifra bajó hasta las 15.134; de ellas, 965 en Toledo.

Baste recordar que los robos, hurtos y destrozos anualmente superan los 300 millones de euros, solo en las provincias más expoliadas en productos, ganado y maquinaria. Una extrapolación simple nos acercaría a los 1.000 millones de euros de pérdidas anuales, en un sector que factura más de 100.000 millones cada año.

La disminución de denuncias no obedece a que se está atajando el problema; al contrario, el miedo, las molestias que generan las denuncias y la escasa expectativa de una mayor seguridad, confirman que el problema continúa. Sería deseable que las denuncias fueran telemáticas para reducir costes y molestias y evitar represalias de los malhechores.

Redes organizadas

Los socialistas entienden que las medidas punitivas –agravamiento de penas en el Código Penal- no tienen efectos disuasorios sobre estas mafias organizadas y reclaman un Plan similar al de Francia que en dos años ha reducido sustancialmente la inseguridad en el mundo rural.

El portavoz conservador Eugenio Jesús Gonzálvez (PP-Almería) recordó que “en los tiempos actuales no estamos luchando contra pequeños rateros de gallinas sino contra redes organizadas, itinerantes; pese a la profesionalidad de los miembros de la Guardia Civil no es tan fácil rastrear los millones de hectáreas de nuestro mundo agrario”. Defendió las medidas puestas en marcha por el gobierno Rajoy y anunció que los PGE/2017 “se incrementarán sustancialmente” y que l defensa del mundo rural “es una prioridad para su partido”.

El senador Antonio C. Gaviria Moreno (PSOE-SE) denuncio la situación de los invernaderos de Palos de la Frontera, Moguer y Mazagón, un triángulo de poblaciones desangradas por la fresa que no llega a Europa; “los agricultores se organizan ya en patrullas -dijo- para proteger sus productos ante la presencia de ladrones que se llevan miles de kilos y causan cuantiosos daños”.

Trazabilidad

Miguel Angel Aubá Fleix ERC-Tarragona) desde el escaño precisó que “si no hubiese empresas que compran productos robados, nadie robaría” y agradeció que PP y PSOE admitieran la propuesta de su grupo sobre la trazabilidad. ¿Qué significa traabilidad en el sector?, se preguntó en voz alta. Y él mismo se respondió: “Pues significa quién produce, dónde se produce, polígono y parcela; quien lo realiza y donde se vende”. Este recorrido seria esencial para garantizar la cadena alimentaria y detener el fraude.

Decálogo de medidas

Dotar progresivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del número suficiente de efectivos materiales y humanos en todo el territorio nacional para garantizar el derecho a la seguridad, también en el medio rural

Rediseñar el Plan de Seguridad en el medio rural; impulsar acuerdos con las Corporaciones Locales para incorporar la Policía Local a labores de vigilancia rural. Prevención e información, celebración de Juntas de Seguridad, locales y provinciales facilitando la interlocución de las FAS y los guardias particulares, asociaciones y sindicatos agrarios.

Asimismo, se pide reforzar la coordinación de todos los agentes de medio ambiente, incorporando las medidas llevadas a cabo por nuestros vecinos franceses y modificar la ley 87/1978 para incorporar estos riesgos al sistema de seguros agrarios.

Sembrar esperanza
Ante este panorama tan hostil, no es fácil poner puertas al campo. Empresas de seguridad como Prosegur y PSV ofrecen soluciones alternativas con torres de vigilancia digitalizadas que detectan los saqueos y robos en conexión directa con las fuerzas de seguridad. Aquí no sobra nadie con ganas de colaborar. La iniciativa pública y privada es obligatoria.

El campo español está pasando por dificultades y ello se comprueba con el alejamiento de los jóvenes por falta de futuro. La violencia de la ciudad se iba instalado en el campo. Desgraciadamente. Erradicar  el miedo en el mudo rural es el primer compromiso para garantizar la seguridad. Y con ello, crear más empleo. Hay que devolver la esperanza al mundo rural. Y bueno es que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo. El Gobierno de la Nación tiene la última palabra.
 
 
            
 
 
 
 
Enviado desde Correo para Windows 10
 

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